Simon Rogers.

Los primeros casos aparecieron hace dos años, pero no fue hasta hace dos meses cuando se descubrió la verdadera magnitud del problema. En mayo de 2009, el diario inglés The Daily Telegraph se hizo con algunos documentos oficiales que destapaban el mayor escándalo económico en toda la historia del Parlamento británico. Este rotativo publicó varios artículos en los que denunciaba el uso fraudulento de los gastos de representación de algunos parlamentarios, quienes habrían incurrido en toda clase de irregularidades contables, fiscales y laborales. El escándalo salpicó, incluso, al primer ministro Gordon Brown y provocó la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes, de seis miembros del Gobierno y de una docena de políticos conservadores y laboristas.

Por su parte, el diario The Guardian tuvo que esperar a que, casi dos meses después, el Parlamento hiciera públicos parte de los recibos, facturas y otros documentos en los que los diputados solicitaban, desde 2004, el pago de sus gastos de representación. Unos documentos -casi medio millón de páginas- que no incluían las peticiones de gastos denegadas y en los que habían sido borrados algunos datos personales, para proteger la intimidad de los parlamentarios.

El diario tenía que recuperar el terrreno perdido ante su rival periodístico, pero antes debía afrontar el estudio de un montón de documentos en un tiempo récord. ¿Cómo conseguirlo?

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