Kevin Smith
Al menos medio centenar de periodistas han sido encarcelados en Estados Unidos, desde 2001, por negarse a revelar ante un tribunal la identidad de sus fuentes. Durante la pasada campaña electoral, el hoy presidente Barack Obama se comprometió con las principales asociaciones profesionales de la prensa a impulsar una legislación federal que, más allá de la protección que ofrecen algunas leyes estatales, garantice el trabajo de los periodistas y el anonimato de sus informadores a escala nacional.
El texto original de esta ley escudo pretendía proteger al periodista frente a las citaciones judiciales que le exijan identificar a sus fuentes, so pena de ir a la cárcel, así como evitar que las personas que podrían aportar pruebas o testimonios a un redactor se nieguen a hacerlo por miedo a que su anonimato no sea respetado. Por si fuera poco, la ley intentaba algo no menos díficil: definir la profesión de periodista, para delimitar claramente quién podía acogerse a esta protección.
La semana pasada, miembros del Senado de Estados Unidos acercaron posturas para acordar un texto del proyecto de Ley de Libre Flujo de la Información que, de momento, amplía la definición de periodista y garantiza una protección limitada y decreciente de los redactores y sus fuentes, según la naturaleza del caso en que se encuentren involucrados: desde casi completa en los litigios civiles, a escasa en los penales y casi nula en los relativos a la seguridad nacional. Leer más
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